¿RELIGIÓN EN LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA?
Ángel Ramírez Medina*
Todo lo que la religión puede dar lo da la cultura más egregiamente
José Ortega y Gasset, “La pedagogía social como programa político”
La presencia de la formación religiosa doctrinaria –en el caso de España, fundamentalmente católica–, en el currículo oficial de la Enseñanza Primaria y Secundaria –y, si nada lo remedia y se llega a aplicar el borrador que elaboró el señor Rajoy, siendo ministro de Educación, pronto también en Infantil–, constituye una situación consolidada, pero atípica, que provoca tensiones y perjuicios a un sector importante de los alumnos, en especial, aunque no sólo, a aquellos que se ven obligados a escoger una alternativa. Ellos, o sus padres, no deciden en libertad: es el deseo de sus compañeros creyentes de recibir doctrina –deseo al que un Estado aconfesional debe permanecer ajeno–, lo que obliga al resto a recibir una determinada formación alternativa.
El seis de marzo del pasado año, un grupo de padres afectados nos reunimos con el fin de tomar contacto y adoptar alguna postura común. Constatamos el largo trecho que, a pesar de lo lejana que queda ya la Ilustración, queda aún por recorrer en el camino hacia el verdadero establecimiento de la independencia del poder político respecto al religioso, permitiendo así el respeto de todas las opciones ideológicas, por minoritarias que puedan ser. En el caso del colegio de nuestros hijos –el Colegio Público Virgen de la Cabeza de Motril–, nos encontramos con heraldos muy significativos: crucifijos presidiendo aulas, imágenes religiosas sobre las estanterías de la biblioteca, padres que dicen haber apuntado a sus hijos en religión católica porque no ven claro en qué ocupan el tiempo los que no la escogen o incluso por miedo al ‘señalamiento’ de sus hijos. La presión social aquí ejerce un papel importante, en particular cuando se aproximan fechas especiales como las primeras comuniones, expresión de las antiguas celebraciones del tránsito de la niñez a la pubertad. La situación se ve agravada por la circunstancia de que los niños de la alternativa a las doctrinas religiosas, deben abandonar el aula durante la hora en que éstas se están impartiendo. Entonces son conducidos a algún lugar de la escuela en el que matan el tiempo de cualquier forma, pues en muchos centros públicos no se ofrecen alternativas, no ya atractivas, ni tan siquiera dignas: lo más común es que no se oferte nada, con el pretexto de que son muy pocos alumnos –por ese mismo argumento deberíamos de abandonar aspectos tan integradores de la LOGSE como la diversificación curricular–. Todo esto queda a merced de la buena voluntad del maestro–tutor que, en muchos casos, es bastante.
Por lo que se refiere a la legalidad, la clave está en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que ya deberían revisarse. Así lo han pedido personas tan autorizadas como Gregorio Peces-Barba: “Quizás el Tribunal Constitucional aborde, por fin, la propia constitucionalidad de los Acuerdos con la Santa Sede, y en relación con el que nos ocupa sobre enseñanza y asuntos culturales” (El País, 17 de noviembre de 1999)–.
En el artículo segundo de estos Acuerdos se dice: “Los planes educativos incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”; y unas líneas después: “Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar”. En el artículo sexto: “A la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica”. Son acuerdos de otros tiempos, de otra España, firmados el día 3 de enero del año 79 y publicados en el BOE el 15 de diciembre del mismo año.
Los últimos gobiernos, amparándose en estos Acuerdos obsoletos, no han tenido empacho alguno en hacerle un hueco a la doctrina católica en el horario lectivo y el currículo oficial de Primaria, ESO y Bachillerato, distorsionando el proyecto inicial de la LOGSE y manifestando muy poca sensibilidad hacia las minorías, amén de hacer caso omiso al sentido común que pone al descubierto la contradicción entre esta situación y la aconfesionalidad de nuestro Estado.
Son los obispos y confederaciones católicas de padres los que, con su intransigencia y aprovechando la posición de privilegio que les concede esos Acuerdos, han conducido a esta situación injusta y agraviante. No aceptaron la propuesta inicial que creemos era la más razonable: que la religión se impartiera en los centros, pero fuera del horario lectivo y del currículo –esto dejaría libres a quienes no están interesados por esta doctrina, pero las clases de religión perderían clientela–; tampoco admitieron que la religión católica no fuera evaluable –se convertiría en una maría–; rechazaron también que los demás alumnos recibieran actividades de refuerzo durante el hueco que la formación doctrinaria abría en sus horarios; tampoco les pareció bien el estudio asistido como alternativa. Los alumnos de la alternativa han acabado convirtiéndose, de este modo, en rehenes de las creencias e intereses ajenos. A la postre, ellos sí han resultado discriminados. La batalla legal continúa y el horizonte, que difiere según Comunidades, es muy confuso o, tal vez, pretendidamente ambiguo.
En la reciente reforma de humanidades emprendida por el gobierno de Aznar, se ha preferido restar horas lectivas a dos asignaturas esenciales en toda formación humanística, la música –que por fin gozaba de cierta presencia, aunque prácticamente testimonial, en el plan oficial de estudios de la enseñanza obligatoria– y el dibujo. Siendo materias destinadas a formar el gusto estético en una sociedad tan necesitada del mismo, han sido sacrificadas para hacer un hueco en el horario lectivo que hiciera posible la ampliación de las asignaturas de lengua y matemáticas. Más formativo hubiera sido conseguir esas horas restándoselas a la asignatura de religión; la única que, junto a la lengua, goza del privilegio de estar presente en todos los cursos, tanto de la primaria como de la secundaria, no sólo obligatoria, sino también postobligatoria. La propia CEAPA se ha hecho eco de esta situación tan difícil de explicar con argumentos pedagógicos.
También nos preocupa la fractura social que, desde la escuela, puede estar creándose al enfrentar a padres y alumnos a una disyuntiva artificial que parece abrir dos caminos irreconciliables en la formación del individuo: una moral religiosa o una moral laica; cuando es esta última la que debe garantizar el Estado. La formación en valores corresponde a la Ética, disciplina que garantiza una reflexión moral basada en la razón que nos une y abierta al diálogo entre sensibilidades distintas. Sólo una asignatura como ésta, que aun siendo tan esencial sólo está presente en un curso, impartida por profesores con una preparación filosófica puede garantizar una formación básica en asuntos morales. El Estado no puede encomendar esta labor a ninguna iglesia, por respetable que sea. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir, como señalaba Gregorio Peces-Barba, en “la vieja doctrina agustiniana, luego adoptada por Lutero, de los dos reinos: el de los creyentes y los santos, que reciben la buena doctrina, que son adoctrinados en la verdad y en el bien por encima de coyunturales mayorías, y el de los pecadores” (Ibíd.)
En cuanto a los profesores de religión católica, se encuentran en una situación irregular que a ellos no les satisface, mas a nosotros tampoco: se trata de varios miles de docentes que imparten unos contenidos doctrinales que sólo la Iglesia controla y decide; reciben su nómina de las arcas públicas pero son nombrados y cesados por las autoridades religiosas, sin someterse a ningún control público ni a procedimientos de concurso–oposición como cualquier funcionario. Ministros de la Iglesia adquieren, así, in pectore, el papel de funcionarios públicos.
Sería conveniente seguir en esto el ejemplo de nuestros convecinos europeos, pues es lo que algunos recomiendan siempre, no importa de lo que se trate. Así, en Gran Bretaña, a pesar de ser el único país confesional de la UE, se imparte una asignatura común de Historia de las Religiones, necesaria para entender buena parte de nuestro acervo cultural y nuestro pasado. Mas en el ámbito educativo el argumento de “si esto se hace en Europa, también hay que hacerlo aquí” no parece funcionar en España, y no me refiero sólo al problema de la religión en las aulas, sino también a otros, como la inversión en Investigación, por ejemplo.
Como ha escrito el teólogo Miret Magdalena, “se impone que, si queremos vivir en un país democrático, donde se fomente desde la escuela la tolerancia y la cultura plurales, y que aprendamos desde niños la convivencia de convicciones, no hay más remedio que volver al estudio de ese amplio panorama cultural-religioso del que está impregnada nuestra civilización, dejando la transmisión de la fe católica a la familia, la Iglesia y los grupos católicos” (El País, 10 de octubre de 1999)
Creemos que el actual estado de cosas no puede continuar por más tiempo en un país que pretender ser democrático y moderno. Por eso hemos decidido unir esfuerzos.
Durante el pasado curso 99/00, padres y docentes, constituimos la Asociación Pi i Margall por la Educación Pública y Laica. En asamblea aprobamos nuestros estatutos, donde aparecen los fines de nuestra Asociación:
1. Defender una enseñanza pública universal y gratuita inspirada en los valores humanistas.
2. Velar por que se respete la libertad de conciencia de los alumnos y sus padres.
3. Promover iniciativas conducentes a suprimir las doctrinas religiosas del horario lectivo y del currículo oficial de la enseñanza obligatoria y postobligatoria.
4. En tanto no se consigan los objetivos fijados en el punto anterior, exigir el cumplimiento de la normativa vigente (BOJA nº 118, de 2 de septiembre de 1995), que regula las enseñanzas alternativas para los alumnos que no desean cursar enseñanza religiosa.
Decidimos dar a nuestra asociación el nombre de Pi i Margall, filósofo y político injustamente olvidado, que se comprometió en la defensa de la educación pública y trabajó por la separación de los poderes civil y religioso, algo que todavía hoy es necesario seguir haciendo. En obras como La razón individual y la colectiva, insistió en la necesidad de construir una moral laica, basada en la razón que nos hace semejantes y capaz de adquirir un valor universal más allá de las creencias de cada individuo o grupo social. Éstos son los valores sobre los que puede crecer una convivencia democrática o, más aún, fraterna.
En poco tiempo, la Asociación ha ido creciendo, y ya contamos con socios y simpatizantes en distintos lugares del país. Entre nuestros proyectos futuros está la celebración este verano de un Encuentro Nacional sobre Laicidad y Educación en Motril, para lo que hemos solicitado colaboración a algunas entidades. Ya han comprometido su asistencia representantes de otras asociaciones similares a la nuestra o bien autores que han publicado obras relacionadas con la laicidad, así como también algunas personas a título individual. Cuando el proyecto adquiera forma más concreta se anunciarán los ponentes, así como las fechas y el lugar concreto.
Hemos confeccionado una página web (http://piymargall.es.fm) que pretendemos sea un lugar de encuentro y diálogo entre sensibilidades diversas, ya que sabemos que hoy Internet es la mejor manera de llegar a cualquier rincón y poder recibir sugerencias, opiniones y críticas de cualquiera que esté interesado en este asunto. En ella hay constituidos varios foros de debate donde quien lo desee puede dejar constancia de sus criterios.
Confío en que estas líneas sirvan para arrojar alguna luz o, al menos, para mantener vivo un asunto que afecta de manera trascendental a la calidad de la enseñanza que reciben nuestros alumnos.